Nosotros los Obispos miembros de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, con relación a los casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes y de los cuales se ha informado a la opinión pública en distintos Medios de Comunicación, manifestamos lo siguiente:

1. Nos sentimos en todo momento estimulados al saber que “Caminando, pues, la Iglesia en medio de tentaciones y tribulaciones, se ve confortada con el poder de la gracia de Dios, que le ha sido prometida para que no desfallezca de la fidelidad perfecta por la debilidad de la carne, antes al contrario, persevere como esposa digna de su Señor y, bajo la acción del Espíritu Santo, no cese de renovarse hasta que por la cruz llegue a aquella luz que no conoce ocaso.” (Concil Vat. II. L. G. 9). A la vez asumimos que “... la Iglesia encierra en su propio seno a pecadores, y siendo al mismo tiempo santa y necesitada de purificación, avanza continuamente por la senda de la penitencia y de la renovación.” (L. G. n. 8). Como pastores, somos conscientes de la realidad pecadora que como hombres cargamos sobre nuestras espaldas, y por ello sentimos la urgente necesidad que todos, Jerarquía y fieles laicos avancemos continuamente por senderos de penitencia y de conversión.

2. Ante los casos que se han conocido, con firmeza expresamos que el abuso sexual de menores es “considerado con razón un crimen por la sociedad; es también un pecado espantoso a los ojos de Dios” (cfr. Juan Pablo II, 23 de abril de 2002). Por tal motivo, demandamos que cuando tales hechos ocurran, ya por parte de sacerdotes o de cualquier profesional que tenga contacto con niños, o de cualquier miembro de la sociedad, sea denunciado ante los organismos correspondientes. En caso que se trate de un sacerdote, por nuestra parte no vamos a entorpecer el desarrollo de un justo proceso civil; estamos en la mayor disponibilidad de colaborar. El sacerdote como ciudadano también es sujeto de la ley civil.

3. El abuso sexual es una patología que está presente en todos los grupos y estratos sociales. Por lo tanto, la sociedad tiene el grave deber de preocuparse no solamente de castigar los delitos en ese sentido cometidos, sino también por rehabilitar a las personas objeto de esta problemática. En nuestro caso, queremos dejar claro que el abuso sexual no se origina en la opción del celibato sacerdotal.

4. Como responsables de la formación de los futuros sacerdotes, estamos plenamente convencidos y nos comprometemos a que se siga cumpliendo a cabalidad lo que manifestara el Papa Pablo VI, en su Encíclica “Sacerdotalis Coelibatus”, número 64: “Los sujetos que se descubran física o psíquica o moralmente ineptos, deben ser inmediatamente apartados del camino del sacerdocio: sepan los educadores que este es par ellos un gravísimo deber; no se abandonen en falaces esperanzas ni a peligrosas ilusiones, y no permitan en modo alguno que el candidato las nutra, con resultados dañosos para él y para la Iglesia. Una vida tan total y delicadamente comprometida, interna y externamente, como es el sacerdocio célibe excluye, de hecho a los sujetos de insuficiente equilibrio psicofísico y moral, y no se debe pretender que la gracia supla a la naturaleza.”

5. Invitamos a todos los fieles a que tengan confianza en sus sacerdotes, en la seguridad de que estaremos vigilantes para evitar, en lo humanamente posible, que hechos tan dolorosos sigan ocurriendo, porque “no hay lugar en el sacerdocio y en la vida religiosa para quienes dañan a los jóvenes” (Juan Pablo II, 23 de abril de 2002). Y, si ocurrieran, estaremos en la mayor disposición para atenderles, dado que “Compete a los fieles reclamar legítimamente los derechos que tienen en la Iglesia, y defenderlos en el fuero eclesiástico competente conforme a la norma del derecho.” (canon 221 § 1).

6. Como pastores, a las víctimas y sus familias, les garantizamos nuestra paternal solicitud, no dejaremos de ofrecerles los cuidados pastorales y espirituales necesarios en momentos tan difíciles. De quienes han hecho las denuncias hasta ahora conocidas, tenemos plena confianza que lo hicieron en defensa de sus legítimos derechos como miembros de la sociedad e hijos de la Iglesia, por lo que instamos a los demás fieles no mostrar rechazo hacia estos hermanos que fueron ofendidos en su dignidad.

7. Para aquellos sacerdotes a quienes se les haya probado el delito, “no podemos olvidar el poder de la conversión cristiana, esta decisión radical de volver del pecado a Dios, que alcanza las profundidades del alma de una persona y puede lograr un cambio extraordinario” (Juan Pablo II, idem). En conclusión, manifestamos que, en adelante, como Obispos, como padres, amigos y pastores nos comprometemos a atender las recomendaciones que las ciencias psicológicas hacen en este particular para lograr su rehabilitación en cualquier situación en la que se encuentren; ofrecer los cuidados pastorales, espirituales y profesionales necesarios; aplicar las normas establecidas por la legislación de la Iglesia al respecto y respetar las leyes y procesos civiles sobre la materia.

8. Con el fin de responder más adecuadamente y como lo requieren la gravedad de los hechos, en la próxima reunión de Conferencia Episcopal estaremos profundizando el tema y señalaremos los caminos a seguir. Respondemos de momento con un deber de conciencia y justicia, la Iglesia nunca ha cerrado sus ojos ante el pecado, siempre lo ha combatido de frente conforme a la misión que el mismo Señor le ha confiado.

Valga la ocasión para manifestar nuestro gozo al constatar que la inmensa mayoría de los sacerdotes, abiertos a la gracia del Espíritu Santo, perseveran alegremente en el cumplimiento de sus deberes sacerdotales. Al mismo tiempo, invitamos a nuestros fieles laicos a orar y a apoyar a sus sacerdotes en el generoso servicio pastoral que ellos desempeñan en la Iglesia.

Que María Santísima, Madre de Jesucristo, el Buen Pastor, ampare y proteja el caminar de la Iglesia costarricense, asimismo, la vida y ministerio de cada uno de nuestros queridos sacerdotes.

+ Mons. Román Arrieta Villalobos.
Arzobispo de San José y Presidente de la Conferencia Episcopal.

+ Mons. José Rafael Barquero Arce.
Obispo de Alajuela y Vicepresidente de la Conferencia Episcopal.

+ Mons. Antonio Troyo Calderón.
Obispo Auxiliar de San José y Secretario General de la Conferencia Episcopal.

+ Mons. Ignacio Trejos Picado.
Obispo de San Isidro de El General.

+ Mons. Héctor Morera Vega.
Obispo de Tilarán.

+ Mons. José Francisco Ulloa Rojas.
Obispo de Limón.

+ Mons. Ángel Sancasimiro Fernández.
Obispo de Ciudad Quesada.

+ Mons. Hugo Barrantes Ureña.
Obispo de Puntarenas.