En relación con la solicitud de rectificación dirigida a la Conferencia Episcopal de Costa Rica sobre el proyecto de Ley contra el Silencio en delitos sexuales, es fundamental aclarar algunos puntos que han sido distorsionados en este debate público.
La Iglesia Católica tiene un compromiso inquebrantable con la protección de la niñez y de las personas más vulnerables, y en ningún momento ha pretendido obstruir la justicia o encubrir delitos de violencia sexual. Sin embargo, también sostenemos con igual firmeza el respeto al sigilo sacramental, el cual es inviolable según las leyes de la Iglesia y la doctrina católica. Este principio, consagrado durante siglos, no se trata de proteger a quien delinque, sino de preservar el carácter sagrado de la confesión como un espacio seguro para el arrepentimiento y el acompañamiento espiritual.
Es incorrecto y engañoso afirmar que los obispos o la Conferencia Episcopal se oponen a la justicia o a la protección de los menores. La Iglesia ha colaborado activamente con las autoridades en la implementación de políticas de prevención y denuncia en casos de abuso, y apoya cualquier medida que, respetando los principios de nuestra fe, ayude a erradicar la violencia sexual y a asistir a las víctimas.
Este proyecto de ley, al pretender levantar el sigilo sacramental, no solo amenaza un derecho fundamental de la práctica religiosa, sino que también compromete la esencia misma de la libertad de culto. En lugar de promover desinformación y polarización, hacemos un llamado a dialogar de manera respetuosa y a buscar soluciones conjuntas que velen por la protección de las víctimas sin atentar contra la libertad religiosa ni la integridad del sacramento de la confesión.
Comunicación y Prensa,
Conferencia Episcopal de Costa Rica
