Reciba un cordial saludo, don Juan de Dios Granados Méndez.
Agradecemos las preguntas que ha planteado públicamente acerca de nuestra Carta Pastoral Colectiva. Toda inquietud expresada con respeto representa una oportunidad para dialogar, aclarar posiciones y contribuir a la búsqueda del bien común.
Fue, en realidad, desde el 25 de abril de 2026, en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, que los obispos publicamos la Carta Pastoral titulada “La paz esté con ustedes”, con motivo del primer centenario de la coronación pontificia de nuestra patrona.
Estas palabras de Jesús resucitado constituyen la clave para comprender el documento. No se trata de un manifiesto político ni de una valoración electoral. Es una reflexión pastoral que procura iluminar, desde el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia, realidades que nos preocupan y desafían como sociedad.
La Carta Pastoral reconoce las luces y las sombras de Costa Rica. No busca señalar culpables ni presentar salvadores. Todos estamos llamados a reconocer nuestros errores y a participar en la construcción de una sociedad más justa, fraterna y pacífica.
Desde esta perspectiva, deseamos responder a las inquietudes planteadas.
En primer lugar, sobre la disminución de la natalidad, compartimos la preocupación por las dificultades y los temores que experimentan muchas personas al formar una familia y abrirse generosamente al don de la vida.
La Iglesia ha defendido de manera constante la dignidad del matrimonio, la familia y la educación integral de niños y jóvenes. Así lo hemos expresado, entre otros documentos, en el Mensaje sobre los programas de Educación para la Afectividad y Sexualidad Integral, publicado en 2017, y en el Mensaje Pastoral sobre la Familia y la Antropología Cristiana, de marzo de 2024. Lo invitamos a revisar dichos documentos en nuestra página web.
Nuestra posición en este, como en otros temas, no responde a las circunstancias de un gobierno particular. Forma parte de una enseñanza pastoral sostenida a lo largo del tiempo.
En segundo lugar, sobre la defensa de la vida por nacer, la posición de la Iglesia es clara y permanente: toda vida humana posee una dignidad inviolable desde la concepción hasta la muerte natural.
Ante las distintas iniciativas relacionadas con el aborto y la normativa técnica vinculada al artículo 121 del Código Penal, la Conferencia Episcopal ha manifestado claramente su posición en diferentes momentos y durante distintas administraciones.
Puedo citar pronunciamientos como «Sobre la firma de la Norma Técnica relativa al artículo 121 del Código Penal», del 16 de diciembre de 2019, «¡No al aborto, no a la cultura de la muerte!» (Pronunciamiento en el marco del debate nacional sobre la vida humana desde la concepción) y «Sobre el anuncio de la derogación/sustitución de la Norma Técnica», del 17 de octubre de 2025).
Defender la vida no constituye una consigna partidaria. Es una exigencia ética que nace del reconocimiento de la dignidad de todo ser humano, especialmente de quien se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad.
En tercer lugar, nos duele profundamente el aumento de los homicidios, la expansión del crimen organizado y la participación de jóvenes en estructuras de violencia y muerte.
La Carta Pastoral parte de datos públicos y realidades que afectan diariamente a nuestras comunidades. Sin embargo, un fenómeno tan complejo no puede atribuirse exclusivamente a una institución, a un poder del Estado o a una administración determinada.
La violencia tiene múltiples causas y exige respuestas integrales. El Estado debe cumplir responsablemente su misión, pero también debemos preguntarnos qué está sucediendo en nuestras familias, comunidades, centros educativos y espacios de formación. Todos tenemos una responsabilidad en la recuperación del respeto por la vida y por la dignidad del prójimo.
En cuarto lugar, la Carta sí reconoce los esfuerzos realizados en materia de educación para la paz y la convivencia. En su numeral 115 se menciona positivamente la aprobación, en 2025, de un nuevo programa de Educación Religiosa orientado al desarrollo de competencias relacionadas con la dignidad humana, la vida familiar, la convivencia y el valor trascendente del trabajo.
En quinto lugar, con respecto a la producción arrocera y la trazabilidad bovina, la Iglesia no pretende sustituir el conocimiento de los especialistas ni emitir criterios técnicos que corresponden a otros sectores.
Nuestro aporte consiste en promover un diálogo informado, transparente y respetuoso entre los productores, el Gobierno de la República, la Asamblea Legislativa y los profesionales competentes. Las decisiones deben considerar sus consecuencias sociales y económicas, especialmente para las familias y comunidades más vulnerables.
Finalmente, sobre la violencia verbal y la confrontación, la Carta Pastoral no contiene ninguna alusión personal. Se refiere a un fenómeno que observamos en muchos ámbitos de la vida nacional: las redes sociales, las carreteras, las comunidades, los espacios políticos y las relaciones entre instituciones.
Cuando dejamos de escuchar y comenzamos a ver al que piensa diferente como un enemigo, debilitamos la convivencia democrática y nos alejamos de la paz.
La Conferencia Episcopal no busca indicarles a los ciudadanos por quién deben votar ni convertirse en juez de una administración específica. Tampoco le corresponde declarar que todo cuanto realiza un gobierno está bien o está mal.
Nuestra misión es ofrecer, desde el Evangelio, criterios para discernir la realidad, defender la dignidad humana y animar la búsqueda del bien común, independientemente del partido o de las personas que ejerzan el poder.
Agradecemos nuevamente sus preguntas. Esperamos que esta respuesta ayude a comprender el verdadero espíritu de la Carta Pastoral y nos permita continuar dialogando con libertad, respeto y amor por Costa Rica.
Fraternalmente,
Mons. Javier Román Arias
Obispo de Limón y presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica
